martes, 13 de mayo de 2008

Los tres campos de la coyuntura

Un análisis del conflicto campo-gobierno realizado por Agustin Santella. "El gobierno sostiene que el esquema de retenciones y tipo de cambio devaluado es el más conveniente para la rentabilidad media del capital nacional, en la cual estén atendidas las fracciones de capitalistas de bienes industriales o agro-industriales". "Lo que queda bajo discusión desde la perspectiva de los sectores populares es la relación entre rentabilidad capitalista y participación de los asalariados en el producto", opina Santella.

Por ANRed - M

Los terratenientes y chacareros presentan su lucha como la legítima protesta de los que producen contra parásitos expropiadores posicionados en el estado. El diario La Nación ha sido una de las usinas ideológicas de esta "protesta". En función de este objetivo han escrito editoriales, tanto conceptuales, como basadas en análisis de "consultoras profesionales". Pero en todos los casos los datos y la ideología van de la mano.

Es el caso de la editorial del 20 de abril, cuando muestran un detallado análisis de los gastos del estado para sostener la idea de que el interés del aumento a las retenciones es la caja política del aparato presidencial, en vez de una sincera preocupación por los sectores populares, como declama el gobierno.

Según este análisis, las nuevas retenciones recaudarían unos 11,000 millones de pesos más en 2008. Pero esto engrosaría al aparato partidario del kirchnerismo, no el gasto social. Este es mucho mayor si tenemos en cuenta que el Presupuesto Nacional oculta el manejo real de los fondos, de los cuales, tan sólo en 2008 unos 10,000 millones no estarían declarados en el Presupuesto. Según estos informes, entre 2003-2008 unos 60,000 millones de pesos estuvieron disponibles para el uso partidario del gobierno, y escaparon del registro del gasto declarado en los Presupuestos nacionales.

Seguramente el gobierno desvíe fondos del presupuesto para uso partidario, no hayan sido los gastos sociales los que más aumentaran durante las gestiones peronistas. Pero hay otro rubro que el "político" que explica el gasto estatal.

Según los informes de CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino) los rubros de mayores aumentos del gasto han sido los subsidios a las grandes empresas de servicios. La tendencia más sobresaliente posterior al 2001 es la del incremento de los gastos computados como "servicios económicos". Estos identifican a los subsidios a las grandes empresas. Los rubros que más aumentaron fueron Energía y Combustible (entre 2000 y 2006 aumentó un 210%), Transporte (117%), y le siguen Ciencia y Técnica (24,2%), Trabajo (22,4%) y Educación y Cultura en último lugar (4,9%). Los gastos de Salud y Previsión social disminuyeron relativamente (-4 y -15%) aunque siguen representando las mayores porciones. A pesar de su disminución relativa, el proyecto de presupuesto de 2008, contempla que el estado erogue 14,000 millones de pesos en Deuda. A eso le sumamos los 14,000 millones en Servicios Económicos (subsidios a empresas privadas), y 15,000 millones dividimos en partes iguales entre Administración Pública y Defensa.

Esto es mencionado en otra editorial del mismo diario. "La situación fiscal no es holgada y será crecientemente comprometida si no se reducen los subsidios y se sincera el sistema de tarifas y precios, y si no se actúa frente al creciente gasto político y burocrático." (16-4-8). Los subsidios a empresas han crecido, dice la derecha periodística, pero para corregirlo hay que "sincerar las tarifas". Sin retenciones y con tarifas "razonables" para las empresas, la estrategia anti-salarial es clara.

La gestión actual ha tratado de sostener los precios internos del consumo mediante crecientes subsidios a las grandes empresas. Ha sido el recurso para frenar una caída mayor del salario real. La inflación muestra que, a pesar de estos subsidios, y los acuerdos pactados, el gobierno no controla la formación de precios. Pero para combatir el déficit fiscal en ciernes, la propuesta de La Nación es "sincerar las tarifas", haciéndose eco del reclamo de las empresas, como las telefónicas, de mantener dolarizado el precio al público (por supuesto, no los salarios de los telefónicos).

El contenido del gasto público se explica por la puja de intereses que existe en la sociedad y usa como herramienta las políticas públicas para su beneficio. En este sentido, el incremento de las retenciones no tiene que ver con una supuesta irracionalidad burocrática del gobierno, sino con la política que se fijó de alentar la acumulación capitalista, apoyando desde el estado tarifas, rentabilidad y protegiendo el mercado interno y las exportaciones mediante el tipo de cambio. (Que el funcionariado político exija una parte del presupuesto en concepto de gastos "de representación" es un aspecto funcional a este proceso, y no lo fundamental. Como muestra la experiencia menemista, la burguesía - pequeña o grande - se queja de esta "corrupción" cuando se presentan contradicciones de intereses, pero no antes).

El gobierno sostiene que el esquema de retenciones y tipo de cambio devaluado es el más conveniente para la rentabilidad media del capital nacional, en la cual estén atendidas las fracciones de capitalistas de bienes industriales o agro-industriales. El gobierno quiere convencer a los capitalistas agro-industriales que esta política económica les conviene más que la del tipo de cambio libre.

Lo que queda bajo discusión desde la perspectiva de los sectores populares es la relación entre rentabilidad capitalista y participación de los asalariados en el producto.

La política económica que subyace a la impugnación de la retención (no del todo declarada por "el campo") supondría un incremento significativo de la desocupación, caída del salario mayor, y la continuidad del esquema económico previo a la devaluación del peso. Es cierto que la participación de los asalariados en el producto y el salario real medio de 2003-2008, no son mayores que en la década de los 90. Pero la devaluación del peso supuso cierta protección del mercado nacional que permitió reponer la economía política de los asalariados (y a su vez permitió la vuelta de las luchas salariales de los sectores ocupados).

La relación entre trabajo y capital (tasa de ganancia) no se modificó en lo esencial en ambos ciclos económicos, y se mantuvo la tendencia a largo plazo al incremento de la explotación. Sin embargo, la situación inmediata de los trabajadores se ha modificado. La consigna de que el planteo de ambas fracciones capitalistas son lo mismo para los trabajadores no da cuenta de la salida de la crisis económica desde 2003 y el impacto concreto que ha tenido en los trabajadores en términos de ocupación.

Nuevamente se pone en discusión cómo participa el trabajo de la acumulación capitalista a nivel nacional. Esta discusión surgió en ola de protesta laboral de 2005 y 2006. Rápidamente las patronales y el gobierno advirtieron que "el reclamo salarial es inflacionario". Desde entonces los sectores obreros han perdido la iniciativa sobre este punto, y las paritarias recientes mostraron poca disposición a superar el techo salarial del 20%.

El conflicto en curso entre el capital terrateniente contra el gobierno (el capital industrial) por ver cómo se distribuye la renta agraria ofrece una oportunidad para los planteos de la clase de los que trabajan. Sus intereses deben emerger dentro de esta disputa. Los dos bandos no son lo mismo para su estrategia de lucha. En la línea trazada por el cuerpo de delegados del Subte y movimientos de trabajadores desocupados, el apoyo táctico a la derrota del Lock-out debe ser aprovechado para avanzar, asimismo, sobre el capital industrial.